Ningún mapuche desconoce que desmantelar la protección legal de las tierras ha sido un esfuerzo de larga data del sector terrateniente sureño, el mismo que hoy nos gobierna.
Polémica está resultando la Consulta Indígena. Y con razón. El principio de la buena fe es clave para la correcta aplicación del Convenio 169 de la OIT y aquel requisito no se cumple actualmente en Chile. La Operación Huracán, el caso Catrillanca y el encarcelamiento de líderes tradicionales como el lonko Alberto Curamil han dinamitado como nunca las confianzas.
Puede que sea el nivel más bajo en años.
En tal escenario consultar sobre posibles modificaciones a la Ley Indígena, el único cuerpo legal que resguarda nuestros derechos, resulta un verdadero despropósito. Y si bien permitir la “venta de tierras” o alterar la propiedad indígena no figura entre sus objetivos, aquello poco importa en tiempos de posverdad y fake news. Ya se instaló como discurso.
Era previsible que sucediera. Ningún mapuche desconoce que desmantelar la protección legal de las tierras ha sido un esfuerzo de larga data del sector terrateniente sureño, el mismo que hoy nos gobierna. Lo exigen a los parlamentarios de derecha los dueños de fundo, descendientes de colonos y dirigentes gremiales, el particular voto de Chile Vamos en la Araucanía.
Puestas así las cosas a mi juicio la actual consulta del gobierno nació condenada a la polémica y al fracaso. Por el nivel de desconfianzas existente. Y porque toca una fibra muy sensible para las organizaciones comunitaristas; el tema “tierras” que ha cruzado (y monopolizado como demanda) al menos medio siglo de activismo social, cultural y político mapuche.
Lo paradójico de esto es que a la pregunta ¿requiere modificaciones la Ley Indígena a tres décadas de ser promulgada? la respuesta inequívoca es ¡Por cierto! Y también en aquellos aspectos vinculados a la propiedad de la tierra y que no se refieren a los winkas; herencias, títulos, acceso a créditos, medierias, todos puntos que aquejan hoy a miles de familias campesinas mapuche y que demandan una revisión.
Lo mismo pasa con su marcado perfil rural, propio de la época y de la dirigencia que logró su promulgación a comienzos de los noventa. La ley posee un marcado acento rural, en ciertos puntos campesinista, que contrasta con la realidad demográfica indígena actual, urbana en un gran y mayoritario porcentaje. Es el caso del pueblo mapuche hoy, en el siglo XXI.
Tal como están las cosas -y con gobiernos de absurdos cuatro años, uno de los cuales se pierde irremediablemente en campaña electoral- pareciera que el pueblo mapuche deberá seguir esperando.
Sí, la Ley Indígena requiere una actualización y todo cuerpo legal es perfectible. Pero lo señalé al principio; el horno no está para bollos en el actual momento político. El gobierno de Piñera -en cuyo seno conviven acérrimos opositores a la causa mapuche y uno que otro liberal sensibilizado- ha dado con esta consulta un gran paso en falso. ¿Qué debió hacer?
En mi opinión una profunda autocrítica por el caso Catrillanca (las sanciones a Carabineros fueron drásticas y nunca vistas, hay que reconocerlo), renunciar a la vía represiva (que asesinó a un joven a sangre fría y boicoteó lo obrado por el ministro a cargo del tema indígena en el gabinete) y retomar sin aspavientos su agenda inicial, aquella de reconocimiento y participación política.
Son dos avances en espera hace tres décadas y cuyas “consultas” ya fueron realizadas por Bachelet. Ello más otras medidas, como la desmilitarización de zonas de conflicto, hubieran sido potente señal de un cambio de enfoque y de abordaje. También el atreverse a estudiar y explorar el petitorio mapuche autonomista, tan plagado de prejuicios, desconocimiento y caricaturas en las filas del oficialismo.
En diversas oportunidades los líderes y voceros del mundo radical mapuche han manifestado disposición para el diálogo político con el Estado. El propio Héctor Llaitul así lo ha señalado desde la CAM en entrevistas y foros públicos; su apertura a parlamentar sobre temas sustanciales como autonomía, territorio y autogobierno, todas discusiones democráticas de primer mundo.
Tal como están las cosas -y con gobiernos de absurdos cuatro años, uno de los cuales se pierde irremediablemente en campaña electoral- pareciera que el pueblo mapuche (y los otros ocho, que no somos los únicos en Chile) deberá seguir esperando. ¿Superarán otros hombres y mujeres este momento gris y amargo? Por supuesto que lo harán.
Tanto el caso Catrillanca como la actual consulta del gobierno han posibilitado confluencias mapuche no vistas en mucho tiempo, articulaciones que lejos de amainar a diario se fortalecen. Aquello no es menor en un pueblo culturalmente dado a la dispersión y a la atomización dirigencial. Y también a las disputas por representación y liderazgo.
Se trata de una buena noticia. Es la parte medio llena del vaso.
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