Este miércoles en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco se realizó la lectura de veredicto del juicio por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay. Lo resuelto por los magistrados ha dado pie a numerosas interpretaciones. Una de ellas trata de la "crisis" del Estado de derecho.
De las múltiples reacciones tras el reciente fallo en el caso Luchsinger-Mackay, una ha llamado poderosamente mi atención. Es aquella que dice que el fallo absolutorio prueba la inexistencia de Estado de derecho en la Araucanía. Ha sido la cuña preferida de candidatos y políticos de derecha desde aquella histórica jornada.
“Después del fallo queda claro que en Chile y particularmente en la Araucanía no funciona la justicia”, escribió en su Twitter el candidato a senador de Evópoli, Felipe Kast. “El fallo ahonda la sensación de crisis del Estado de derecho”, editorializó por su parte El Mercurio.
¿Está en crisis el Estado de derecho? Por cierto que no. Es más, la contundencia del fallo así lo demuestra. Once ciudadanos mapuche, acusados mañosamente de un crimen que no cometieron, tras un juicio oral y público que se prolongó por varios meses, resultaron finalmente absueltos de todos los cargos.
Si definimos Estado de derecho como aquel Estado donde la justicia y sus actores se conducen con religiosa sujeción a las normas y estricto respeto a los derechos de los ciudadanos, estamos frente a todo lo contrario a una crisis.
Tal como el abogado Carlos Peña nos recuerda en uno de sus libros, entre esas reglas y derechos ciudadanos se encuentra el principio según el cual “nadie es responsable de acto alguno en razón de la etnia a la que pertenece, la ideología que esgrima, el pasado que muestre o los prejuicios que sobre él pesen”.
Puestas así las cosas, el fallo bien podría considerarse como un verdadero triunfo del sistema de justicia. Aquello debiera ser motivo de aplauso, en absoluto de queja o alarma pública. Pero ¿a qué se refieren la derecha y los gremios cuando afirman que en la Araucanía ya no existe el Estado de derecho?
Sabido es que durante décadas la justicia funcionó en Wallmapu casi exclusivamente para un solo lado. Hoy de a poco se empareja la cancha, y no precisamente con la rapidez que muchos quisiéramos. No olvidemos que once ciudadanos mapuche pasaron casi dos años tras las rejas. Y que sus nombres fueron difamados públicamente por un sector bien específico de la sociedad regional interesado más en la venganza que en la justicia.
Si la crisis del Estado de derecho tiene que ver con jueces fallando conforme a derecho y no en base a prejuicios sociales y raciales que caracterizaron otras épocas de triste recuerdo, bienvenida sea.
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