Culpar a los mapuche de la compleja situación económica de La Araucanía es en Temuco un deporte tan antiguo como el fútbol. Un recordatorio para el presidente de la Multigremial.
El pasado 17 de julio, en el portal de noticias de radio Biobío, el presidente de la Multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, responsabilizó muy suelto de cuerpo a las comunidades mapuche de las altas cifras de desempleo en la región. A ellas y “a la permisología actual con trámites interminables y exigencias desproporcionadas”, agregó. Sus dardos apuntaban directo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y al propio Convenio 169 de la OIT, ley de la República que consagra derechos indígenas y que obliga a consultar a las comunidades sobre proyectos o iniciativas susceptibles de afectarles. Todo ello, a juicio de Santibáñez, no sería otra cosa que “una barrera para el progreso” en una región ignorada y postergada por el poder central. Sus dichos, hay que decirlo, revelan una doble ignorancia.
Por un lado, ignorancia sobre la global toma de conciencia que desde la década de los noventa, gobiernos, organismos multilaterales y sociedad civil han asumido respecto del planeta y los negativos impactos ambientales de ciertas actividades industriales. Lo reconozco, hay quiénes descreen de ello: de la crisis climática, de la extinción acelerada de especies y también de que la Tierra es redonda. Allá ellos y sus delirios. Y por otro lado, ignorancia sobre un convenio internacional indígena que, ante todo, es un muy oportuno manual de buenas prácticas. Patricio, el Convenio 169 se origina en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) precisamente por su carácter de mediador en la relación Empresa / Estado / Pueblos indígenas. Bajo esa mirada, que es aquella de la oportunidad y no la del conflicto, su correcta observancia bien podría significar un puente y no una barrera. Pero ello implicaría una triple aceptación por parte de la Multigremial: que el pueblo mapuche existe, que sus derechos son dignos de respeto y que el diálogo interétnico —y no destacamentos militares— es la llave maestra para destrabar conflictos y zanjar controversias. Lo sé, puedo estar pidiendo demasiado.
¿Qué hicieron los Santibáñez de la época? Quejarse y abogar por la división de las comunidades y la incorporación de la propiedad indígena al régimen tributario común. Los apoyó entusiasta el diputado por Temuco, Rudecindo Ortega, de estrechos vínculos con los advenedizos de aquel tiempo.
Santibáñez ni siquiera es original con sus aseveraciones. Digamos que culpar a los mapuche de las deficiencias del propio sector productivo regional ya califica como deporte. Su práctica es tan antigua como el fútbol, data de los años veinte. Por entonces también se nos culpaba del subdesarrollo local, pero debido al no pago de contribuciones por las tierras. Los municipios, se argumentaba, dejaban de recibir millonarios recursos para su gestión por culpa de tal “privilegio”. ¿Qué hicieron los Santibáñez de la época? Quejarse y abogar por la división de las comunidades y la incorporación de la propiedad indígena al régimen tributario común. Los apoyó entusiasta el diputado por Temuco, Rudecindo Ortega, de estrechos vínculos con los advenedizos de aquel tiempo. Pero el tiro les salió por la culata. Resultó que debido a la voracidad del saqueo huinca, la propiedad mapuche resultante no superaba las dos o tres hectáreas por título y nuevamente, esta vez bajo la ley común, quedó exenta de pago. Al final solo Ortega salió ganando: una avenida de la capital regional nos lo recuerda hasta nuestros días.
Décadas más tarde el discurso se volvió un poco más original, aunque igual de extraviado. Un “cordón suicida” de comunidades ahogaba la capital regional y otras ciudades de la región, impidiendo con ello su normal expansión y desarrollo. “Temuco es la ciudad que más se ve afectada por el gran número de aborígenes que viven en reducciones ubicadas en sus alrededores. Esta ubicación del indígena, en puntos estratégicos, la estrangula poco a poco”, se lee en el diario Austral del 8 de noviembre de 1946. No solo la ciudad era la afectada, también la provincia de Cautín siendo los mapuche “el más serio escollo que se levanta contra el mayor rendimiento de sus explotaciones agropecuarias”. Falacia tras falacia. ¡Si hasta la crisis del agro de mediados de aquel siglo era nuestra culpa! Nada tenían que ver la mantención del gran latifundio y una estructura agraria tradicional, arcaica e ineficiente, anclada por lo demás en otro siglo. No, el obstáculo para la modernización de la agricultura sureña tenían que ser nuevamente los mapuche. ¡Hasta cuándo señores con la misma cantinela! Bien haría Santibáñez en actualizar su repertorio de quejas. O bien opinar menos y trabajar más.
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