La ley Antiterrorista es una de las herramientas más nefastas que ha utilizado el Estado chileno para perseguir a un sector del movimiento mapuche. Nefasta porque no ha servido para nada útil.
“El Ministerio Público y el gobierno seguían abusando de la Ley Antiterrorista para procesar a mapuches sin cumplir las debidas garantías procesales. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado (en el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile) que aplicaciones similares de la Ley Antiterrorista contra activistas mapuches violaban la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
El anterior párrafo es una de las conclusiones que arrojó el capítulo chileno del informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo redactado por Amnistía Internacional. Las observaciones del organismo no son novedosas, se suman a los reparos planteados en años anteriores por al menos tres relatores de Naciones Unidas y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado a Chile en varios casos donde dicha legislación se ha utilizado contra ciudadanos mapuche.
Cuando vemos naufragar día a día la Operación Huracán, hundiendo con ella la fe pública en diversas instituciones del Estado, es necesario reflexionar sobre el informe de Amnistía y la legislación antiterrorista. Más aún cuando el presidente electo comprometió su modificación incorporando los “agentes encubiertos”, hoy la nueva panacea de algunos para contener el conflicto. ¿En verdad suponen posible infiltrar “agentes” en un pueblo de clanes familiares donde la aparición de cualquier visitante foráneo es advertida a la legua tanto por la comunidad como por los treiles?
La ley Antiterrorista es una de las herramientas más nefastas que se ha utilizado para perseguir a un sector del movimiento mapuche. Nefasta porque no ha servido para nada útil, a no ser que encarcelar y condenar campesinos con testigos sin rostro y pruebas truchas sea visto por alguien como un posible avance. Pero que no se mal entienda. Los Estados requieren una legislación capaz de prevenir y combatir el terrorismo doméstico e internacional, una legislación moderna y acorde a estándares internacionales. El punto es que la actual legislación carece por completo de ambas características. Y para peor, se abusa de ella en forma discriminatoria y racista.
Por más que los gremios lo griten a los cuatro vientos y El Mercurio le dedique sendos reportajes dominicales, no existe aquello que llaman “terrorismo mapuche”. Lo que existe es protesta social y en su faceta más violenta atentados contra propiedad privada, camiones especialmente, que poco y nada se diferencian de la quema de un bus del Transantiago tras una jornada de marchas. Aquello en ninguna parte del mundo califica como terrorismo. Así lo subraya el reciente informe de Amnistía Internacional. Hágase un favor y léalo.
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