Recordar el cómo y el por qué

Tal como sucedió el año 2010, una prolongada huelga de hambre mapuche ha reactivado el conflicto en la zona sur. Las demandas de los presos, todas atendibles, aguardan una respuesta.

Como si fuera un deja vu las regiones del sur nuevamente se ven inmersas en la conflictividad asociada a una huelga de hambre de presos políticos mapuche. Hablamos de una protesta que ha carecido de la debida atención del gobierno y que se prolonga ya por dos meses. Es un libreto conocido el de las autoridades. Pasó también en 2010, durante el primer mandato de Sebastián Piñera y en plenos festejos del Bicentenario.

Aquel año la huelga involucró los penales de Temuco, Lebu, Angol y Concepción, más de ochenta días de protestas que desembocaron en una crisis de proporciones. Todo culminó tras una negociación que incluyó al entonces subsecretario de la Presidencia Claudio Alvarado, el arzobispo de Concepción Ricardo Ezzati y representantes de los huelguistas. Uno de los presos en ayuno era Héctor Llaitul, el emblemático líder de la CAM.

¿Qué exigían entonces los presos mapuche?

La no aplicación de la Ley Antiterrorista, el fin a los dobles procesamientos y beneficios intrapenitenciarios. Lograron todo ello y mucho más. Pocos recuerdan que producto de aquella huelga se reformó más tarde la jurisdicción de la justicia militar. Desde entonces ningún civil (sea mapuche o no) puede ser juzgado en Chile por fiscalías militares, una obviedad en cualquier democracia que se respete a sí misma.

Otra reforma involucró a la Ley Antiterrorista.

Aunque hoy cueste creerlo, hasta el año 2010 los menores de edad podían perfectamente ser acusados de terrorismo en Chile. Pasó con Luis Marileo, José Ñirripil y Cristian Cayupán quienes debieron ayunar en recintos del Sename. En junio del año 2011, fruto de la protesta, el Congreso Nacional aprobó la reforma que excluyó la aplicación de dicha ley a los adolescentes, quedando así sometidos únicamente a la ley penal común.

Reforma al fuero militar y a la Ley Antiterrorista, dos significativos avances democráticos que —intentemos no olvidarlo— fueron posibles gracias a la protesta carcelaria.

Una década más tarde, el escenario se repite.

Ciudadanos mapuche, algunos condenados y otros en prisión preventiva, demandando beneficios intrapenitenciarios (los primeros) y cambio en sus medidas cautelares (los segundos). En medio de la pandemia razones sanitarias sobran para atender sus peticiones. Sobrepobladas e insalubres, las cárceles constituyen un peligroso foco de contagio. Lo advierte la propia OMS que ha llamado a los gobiernos a reducir su población penal.

Pero no solo existen razones sanitarias. También hay otras de solemne rango constitucional.

¿Qué espera La Moneda para buscar salida política a la huelga de hambre mapuche? ¿Serán acaso los militares la única respuesta tal como se anunció torpemente en la semana? El problema sabemos es mucho más profundo.

En 2008 el Estado de Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Hablamos del más importante tratado internacional sobre la materia vigente en nuestros días. Pues bien, uno de los temas que aborda el Convenio es precisamente la reclusión de miembros de pueblos indígenas, en especial aquellos involucrados en demandas o luchas por sus derechos culturales, políticos y territoriales.

Es así que en su artículo Nº10 establece que “cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales", subrayando expresamente que "deberá darse la preferencia a tipos de sanción penal distintos del encarcelamiento”.

Harían bien las autoridades en leer de vez en cuando el Convenio 169 de la OIT. También los jueces de las regiones de la Araucanía y el Biobio, flamantes encargados de administrar justicia y resguardar la correcta aplicación de las leyes en Wallmapu. Que se cumplan los tratados firmados por Chile ante la comunidad internacional. Eso y no otra cosa es lo que demandan los presos movilizados en Angol y Temuco.

¿Qué espera La Moneda para buscar salida política a la huelga? ¿Serán acaso los militares la única respuesta tal como se anunció torpemente en la semana? El problema sabemos es mucho más profundo.

“Las políticas públicas indígenas no son ni han sido una prioridad para el Estado de Chile. Desde el retorno a la democracia los gobiernos han prometido medidas que han quedado sólo en palabras. Es necesario urgentemente cumplir lo prometido, demostrando real voluntad de diálogo y de compromiso con la palabra empeñada. Debe ponerse fin a esta forma de hacer política que genera desconcierto, desconfianza y justa indignación”.

La cita anterior es parte del lapidario diagnóstico de Fundación Aitue —entidad vinculada a los gremios productivos y no a los huelguistas— dado a conocer el pasado 24 de Junio en Temuco. “Desconcierta que normalmente permanezcan sin mayor efecto las promesas a los pueblos indígenas”, agregó Monseñor Héctor Vargas, directivo de Aitue y cabeza de una publicitada Comisión Asesora durante el segundo mandato de Bachelet.

El pasado estallido social y la actual crisis sanitaria tienen al segundo gobierno de Piñera, literalmente, con ventilador mecánico. Puestas así las cosas abrir un canal de diálogo político con los huelguistas y descomprimir el conflicto en Wallmapu bien podría significar un tanque extra de oxígeno. Ministro Gonzalo Blumel, ya lo hicieron el año 2010 y con relativo éxito. Es cosa de recordar el cómo y el por qué.